Parando práctica no autorizada del derecho

Esto es un escrito por el procurador general del estado de Tennessee Robert E. Cooper, Jr.

Imagínese que usted pagó su sueldo de varios meses para que alguien prepare una petición de inmigración para usted, solamente para descubrir que las formas fueron preparadas incorrectas y fueron mandadas a la oficina incorrecta del gobierno, resultando en la denegación de su aplicación por beneficios de inmigración, posiblemente resultando en su deportación del país.

Desgraciadamente, esta situación es común para residentes de Tennessee quienes son victimadas por negocios que se ofrecen servicios sin los “precios de abogados” o por individuales que se disfrazan como abogados. Muchas veces, resulta que los problemas legales de la victima son agravados y dejados sin resolución, frecuentemente dejando consecuencias graves.

Afortunadamente, la oficina del procurador general de Tennessee esta armada con mecanismos considerables para combatir el problema constante de la práctica no autorizada del derecho. Esta oficina, junto con la División de Asuntos del Consumidor de Tennessee, es cargada con aplicar el Estatuto de Protección al Consumidor y el Estatuto de la Práctica no Autorizada del Derecho. Las dos leyes se proporcionan restitución para consumidores, multas civiles, mandamientos judiciales, y gastos de abogados para el Estado. El Estatuto de la Práctica no Autorizada del Derecho se proporciona multas de $10,000 para cada violación, y el Estatuto de Protección al Consumidor se proporciona una multa de $1,000 para cada violación.

La aplicación diligente de la ley es necesaria para mantener confidencia en nuestro sistema de ley. Por eso en los últimos tres años, procurador general adjunta Caitlin Doty ha conducido las esfuerzas contra la práctica no autorizada del derecho para mi oficina. Este año, procurador general adjunta Jessica Meyers se juntó a mi oficina y trabaja con General Doty para investigar y procesar agresivamente los casos de la práctica no autorizada del derecho.

Un área de preocupación especial es la concentración de las personas que se ponen anuncios de “notarios públicos” para aprovecharse de residentes de Tennessee que hablan español. La traducción de “notary public” de ingles a español se causa confusión significante, porque en muchos países hispanohablantes la termina “notario público” significa un abogado designado con el poder de recordar ciertas transacciones legales que puede hacer cosas que se requieren un abogado aquí en los Estados Unidos. La traducción no sirve. Resulta que consumidores de Tennessee creen que estos individuales tienen el mismo poder en nuestro sistema legal, pero no es así.

Notarios inmorales se aprovechan de la confusión para proporcionar servicios legales sin licencia, educación ni calificaciones; es lo peor durante tiempos de cambio de la ley o política de inmigración. Muchas veces, notarios les mienten a consumidores sobre el alivio legal disponible, y les preparan aplicaciones de inmigración equivocados que dañan a los consumidores.

Para contender con este problema, la ley de Tennessee se requiere que notarios públicos ponen anuncios de servicios notarios (y que no sean abogados licenciados) y tienen que incluir una negación en todos sus anuncios. La negación tiene que ser en inglés y en el idioma del anuncio, diciendo: “NO SOY ABOGADO LICENCIADO PARA PRACTICAR LA LEY EN EL ESTADO DE TENNESSEE, Y NO PUEDO DAR CONSEJOS LEGALES NI ACEPTAR DINERO PARA CONSEJOS LEGALES.”

Durante los últimos diez años, procurador general adjunta Caitlin Doty y otros abogados de mi oficina han llevados varias demandas contra la práctica no autorizada del derecho por notarios públicos, y también contra “paralegales” independientes, compañías que preparan documentos, abogados que se perdieron sus licencias para practicar derecho pero continúan practicando, y estafadores fingiéndose ser abogados.

Por ejemplo, recientemente mi oficina llegó a un acuerdo para resolver una demanda alegando la práctica de ley sin licencia por Martha Salazar, haciendo negocios de Comunidad Hispana en Nashville. El Estado alegó que Salazar se preparó numerosos documentos legales por consumidores, incluyendo peticiones de inmigración, acuerdos de custodia de niños, y contratos. Salazar no es abogada en ningún estado, y nunca trabajó debajo de la supervisión de un abogado.

En octubre de 2012, Salazar entró a un Acuerdo Final con el Estado en lo cual hay mandato judicial que ella no puede practicar derecho sin licencia, también el mandato se obliga a ella pagar restitución a todos los consumidores que hacen quejas entre seis meses del orden de la corte. El juicio también le requiere que ella paga $10,000 al Estado para multas y costos de abogados.

En otro caso de la práctica no autorizada del derecho, mi oficina obtuvo un orden final en enero de 2012 para terminar una demanda que duraba mucho tiempo contra Michael Sneed, quien era un abogado. Sneed fue suspendido de la práctica de derecho en 2009, pero continuaba representar a consumidores en asuntos legales, incluyendo apareciendo enfrente de la Corte de Inmigración en Memphis. Mi oficina hizo una demanda contra Sneed para la práctica no autorizada del derecho, y obtuvimos un orden prohibiendo a Sneed representar consumidores sin licencia de derecho. El Estado también obtuvo un orden dando restitución a consumidores que pagaron a Sneed para servicios legales durante el tiempo que no estaba elegible practicar la ley, y $154,000 en multas civiles.

La ley de Tennessee proteja a consumidores y clientes de ser engañados. Esperamos que nuestras esfuerzas de aplicar la ley se mandan un mensaje a todas las comunidades de Tennessee que la ley en nuestro estado sirve a todos, y que los vulnerables no deben ser victimas fáciles de prácticas engañosas o de servicios profesionales ineptos. Acciones como estos por la oficina del solicitor general ayudan a establecer confidencia en nuestra sistema legal y fomentan cooperación con agentes de la ley.

Si usted conoce de un individual o compañía que practica la ley sin licencia, favor de hacer una queja con nuestra oficina. Descarga el impreso aquí.

Se puede mandar el impreso a:

Tennessee Attorney General’s Office
Consumer Advocate and Protection Division
Attn: UPL Complaint
P.O. Box 20207
Nashville, TN 37202-0207